Tuesday, August 28, 2012


13-2-2011

Contraloría realiza sumario a Ministerio de Transportes por falta de Gestión de Flota en Transantiago

El organismo señaló que el ministerio no ha fiscalizado al AFT para que cumpla su contrato. Pero a su vez, el mismo ministerio sugirió al AFT que no implementara el nuevo software de gestión de flota de la empresa alemana IVU que ganó la licitación. En el ministerio esperan cambiar los contratos, mientras la empresa alemana podría demandar a los implicados.

El 4 de noviembre y tras el respectivo seguimiento, Contraloría determinó la realización de un sumario al interior de la subsecretaría de transportes para determinar responsabilidades administrativas en el incumplimiento de la respectiva fiscalización del ministerio al AFT y la obligación de éste de suministrar un Sistema de Apoyo a la Explotación de Flota para el sistema.

Después del constante incumplimiento de Sonda para instalar el suyo, el AFT licitó en el 2009 la implementación de un software de gestión de flota que se adjudicó la empresa alemana IVU Traffic Technologies AG con una inversión inicial cercana a los US 200 millones. Según expertos, el costo del sistema dentro del primer año implicaría un 3% del presupuesto anual del Transantiago, mientras que para los años posteriores se reduciría a 1% (Louis de Grange a Estrategia Online 28/01/2011).

La firma alemana instaló sus dependencias en Chile para lo que sería su gran negocio, pero el contrato nunca se firmó. Más aún, en un oficio del Ministerio de Transportes al AFT, con fecha 9 diciembre del 2010, la autoridad dijo que debido a las "diferencias entre los distintos concesionarios (...) no es aconsejable un Sistema de Operación de Flota Centralizado". Con ese argumento, el ministerio sugirió continuar con el modelo transitorio hasta que se haga la modificación contractual que pretende entregar la gestión de flota a cada operador.

El que no se firme finalmente el contrato dará pie a una demanda por parte de la empresa alemana ante los tribunales civiles, la cual puede ser cuantiosa. Incluso el mismo embajador alemán en Chile hizo gestiones para que se solucionara este conflicto, pero no hubo mayores avances.

Exigencias de Contraloría

Según el informe emanado desde Contraloría, los cambios que intentaron realizarse para arreglar el descalabro de la gestión de flota y uso de tecnologías durante el 2008, debieran haberse formalizado en una modificación de contrato, cosa que no ha ocurrido.

Dentro de los incumplimientos, uno de los puntos principales es el del sistema de posicionamiento satelital, fundamental para la gestión de flota. Según el documento, el sistema presenta “retardos, intermitencias y falta de disponibilidad”. Además, evidenció que el personal encargado de monitorear el intervalo de tiempo transcurrido entre buses daba cuenta de “información imprecisa, lo que se traducía en una deficiente frecuencia y regularidad entre buses”. Estas intermitencias y falta de prolijidades generan errores en el cálculo de las distancias recorridas por los buses, afectando al pago que reciben los operadores.

Esto se suma a los sistemas sinópticos que tienen los operadores para visualizar el funcionamiento del sistema. Pero estos no cumplen con las exigencias contractuales, pues no tienen retroalimentación. A pesar de las mejoras, no resuelve el control de la frecuencia y la regularidad de buses en tiempo real y autónoma.

En cuanto al equipamiento tecnológico, contraloría concluyó que los buses carecen del equipamiento exigido en las bases de licitación. las cuales incluían sistemas de respaldo de energía, reloj de tiempo real de alta precisión, giroscopio, micrófonos y parlantes ambientales, kit de manos libres, cámaras de seguridad, discos duros de almacenamiento y paneles de información variable. Los operadores acusaron que el AFT no ha realizado además la mantención preventiva de los equipos.

Para pagar su parte al AFT, la subsecretaría de transportes formó un panel de expertos que revisa mensualmente si el Administrador Financiero ha cumplido con el contrato para cuantificar cuánto porcentaje se retiene o se le entrega.